La Ley de Geolocalización entra en vigor en México

Este día, se publica en el Diario Oficial de la Nación el decreto que aprueba diversas reformas para permitir el uso de la geolocalización para la persecución criminal bajo sospecha. A este conjunto de cambios legislativos se les conoce como la Ley de Geolocalización (o #LeyStalker, como se le ha rebautizado en Twitter), y tras su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, entrará en vigor en México a partir del miércoles 18 de abril.

La propuesta no consiguió el suficiente rechazo para ser descartada durante su fase de discusión. La Ley de Geolocalización fue respaldada por el empresario Alejandro Martí, quién a través de la organización México SOS, presentó a inicios de 2011 un proyecto de reforma para -entre otros puntos- “contemplar la Geolocalización en tiempo real de llamadas telefónicas en caso de secuestro.” Martí alcanzó notoriedad pública cuando, en 2008, su hijo fue secuestrado y asesinado; a partir de esa fecha, se dedicó a promover cambios legislativos para el combate al crimen organizado, como su apoyo a la cuestionada Ley de Seguridad Nacional.

La ley pasó al Senado, donde en abril de 2011 fue aprobada y turnada a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó varada, reavivándose y apagándose el debate durante meses, hasta que el 1 de marzo de 2012 fue aprobada prácticamente por unanimidad (315 votos a favor, 6 en contra). Buena parte de su triunfo se debió al apoyo público de figuras como Martí o Isabel Miranda de Wallace, otra promotora de reformas en seguridad en México y actual candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Días después de su aprobación, Electronic Frontier Foundation emitió un comunicado en el que condenaba la aplicación de esta ley. Con esta reforma, el Estado está capacitado, a través de sus dependencias de seguridad -como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública- a solicitar datos de geolocalización para investigaciones policiales, sin necesidad de una orden judicial de por medio y bajo motivos de sospecha. Los proveedores que se nieguen a entregar la información recibirán una cuantiosa multa por negarse a cooperar con las autoridades.